Cámaras de videovigilancia: ¿nos cuidan o nos vigilan?

El pasado 2 de enero, el Presidente de la República , Juan Carlos Varela anunció al país durante su último discurso ante la Asamblea Nacional de Diputados “la incorporación de tecnología de punta y cámaras de vídeo vigilancia para mejorar la seguridad del país”.  A su vez anunció la entrada de operaciones del Centro Interagencial de Seguridad y Emergencia, el cual complementará la vigilancia que se mantiene actualmente en un centro parecido de la Ciudad de Colón. En esta entrega veremos un poco más de la entrada en operación de centros parecidos y una aplicación móvil.

 

Entre estadísticas y promesas.

En la campaña electoral  del 2014 por la Alcaldía de Panamá, él entonces candidato José Isabel Blandón presentó en su propuesta de gobierno ejes estratégicos en la cual su gestión se centraría. Su primer eje estratégico fue la seguridad y las diferentes promesas que realizaría en caso de ser electo alcalde del distrito capital. Hoy día,  la Alcaldía de Panamá implementa gradualmente un millonario y moderno Centro de vídeo vigilancia donde vigila a sus ciudadanos en “aras” de la seguridad de la Ciudad de Panamá.

La Alcaldía manifiesta mediante estadísticas, el éxito del Sistema de Video Vigilancia Municipal (SIVIMUPA); desde el 23 de octubre de 2017 al 23 de octubre de 2018 se han atendido 45,817  incidentes recabados por las 100 cámaras de vigilancia que se encuentran en varios corregimientos del Distrito de Panamá, demostrando que los corregimientos con mayor incidencia fueron Calidonia, Santa Ana, Bella Vista y San Felipe.

 

La videovigilancia capitalina se expande.

Actualmente, se adelantan el trámite de varias licitaciones en la ciudad capital y sus alrededores. Este es el caso de localidades como Don Bosco y Juan Díaz, los cuales esperan la colocación de 12  nuevas cámaras en diferentes puntos. Así mismo, se adjudicó por un costo de 996,788.00 dólares la colocación de 34 cámaras y ampliación del sistema de vídeo vigilancia a Panamá Norte, siendo beneficiada una vez más la empresa Unión Eléctrica, S.A.

Los habitantes de los corregimientos de San Francisco y Ancón fueron consultados por funcionarios del gobierno municipal mediante  un Presupuesto Participativo, en el que por votación popular eligieron el inicio de un proyecto de vídeo vigilancia y colocación de 30 cámaras a un costo de 992,788 dólares, adjudicados al Consorcio Unión Kio.0, del cual forma parte la empresa Unión Eléctrica, S.A. Así mismo, la Alcaldía de San Miguelito ha iniciado el proceso de licitación para colocar unas 21 cámaras de vídeo vigilancia por un precio de referencia de 1,06,700.00 dólares, las cuales en principio estarán conectadas al SIVIMUPA.

Por otro lado, hace algunas semanas se inauguró el Centro de Operaciones de Seguridad y Emergencias de la Ciudad de Colón, gracias al aporte no reembolsable de 9.3 millones por parte de la República Popular de China. Este centro cuenta con 291 torres de vídeo vigilancia en 92 ubicaciones, 11 botones de pánico, 5 planos carreteros con lectores de placas vehiculares, reconocimiento facial, entre otras características bastante invasivas al derecho fundamental a la privacidad. Las mismas permitirán a las autoridades conocer  todos los movimientos del pueblo colonense y demás personas que ingresen a la provincia, además de saber dónde se encuentran sus autos por medio de las placas vehiculares.

 

Vigilancia a nuestros móviles.

Recientemente, la Autoridad de la Innovación Gubernamental (AIG) junto con la Policía Nacional lanzó la aplicación móvil “Proteger y Servir”, mediante la cual, los ciudadanos podrán denunciar colisiones, riñas, alteraciones del orden público, robo o hurto, violencia doméstica; verificar sus pólizas vehiculares y un mapa informativo que contiene lugares de interés como lo son monumentos, entidades públicas, estaciones de bomberos y policía, entre otros lugares.

Para poder hacer uso de la aplicación se necesita habilitar la ubicación mediante GPS, para que al enviar una denuncia se conozca el lugar exacto del que se realiza. Hasta la fecha no se ha comunicado quienes y bajo que términos pueden utilizarse los datos de los ciudadanos facilitados en la aplicación ni los métodos de uso por parte de la policía y otros estamentos de seguridad, dejando al ciudadano en completa ignorancia e indefensa de su derecho a la privacidad y protección de sus datos personales.

 

Desmedida seguridad.

Las razones para la implementación de diferentes equipos de vídeo vigilancia en nuestras calles y aeropuertos, así como la implementación de la aplicación móvil de la Policía Nacional se enmarcan dentro de la realización de un evento masivo internacional como lo es la Jornada Mundial de la Juventud, además del combate insistente contra la delincuencia.

Actualmente, se lleva a cabo el proceso a un expresidente por la presunta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad,  entre otros. Esta  persona es candidato por la libre postulación a la Alcaldía del Distrito Capital, lo que le daría según las normas del SIVIMUPA la facultad de poder utilizar equipos de vigilancia, lo que representa una alta peligrosidad a las garantías fundamentales y derechos de los panameños de ser ciertas las acusaciones que pesan sobre su persona.

Por todo lo anterior expuesto, la implementación de sistemas de video vigilancia o aplicaciones móviles deben seguir los principios de necesidad y proporcionalidad de cada ciudad, además del respeto a la intimidad y privacidad de la ciudadanía en general. Estos son derechos consagrados en múltiples tratados internacionales de los cuales Panamá es signataria, por mencionar la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 11, así como en el artículo 29 de la Constitución Política de Panamá y demás leyes aplicables. Ignorar lo anterior puede significar graves violaciones a los derechos humanos.

Deseamos dejar a la ciudadanía  en estado de reflexión sobre qué les solicitamos a nuestras autoridades, la importancia de velar por nuestro derecho a la intimidad y a la privacidad, y que toda iniciativa gubernamental debe ser ampliamente discutida y analizada por la ciudadanía desde todos los ángulos antes que esta se convierta en un arma en contra de sus supuestos beneficiarios.

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