Como parte de AlSur, consorcio integrado por 11 de organizaciones de sociedad civil y academia, del que forma parte IPANDETEC, el consorcio busca fortalecer los derechos humanos en el entorno digital de la región. El Consorcio, envió su contribución al Pacto Digital Mundial (Global Digital Compact). La contribución puede ser consultada aquí.
El Pacto Digital Mundial es una consulta abierta a gobiernos, sector privado (incluidas las empresas tecnológicas) sociedad civil, instituciones académicas e individuos, incluyendo jóvenes. Este pacto Digital Mundial se acordará en la Cumbre del Futuro a realizarse en septiembre de 2024 a través de una vía tecnológica.
El Pacto busca establecer ‘’principios compartidos para un futuro digital abierto, libre y seguro para todos’’. El Pacto además busca facilitar el uso de las tecnologías digitales para la realización de la agenta 2030, el desarrollo sostenible, y mejorar el acceso digital para todas las regiones del mundo.
Los temas digitales abordados por el Pacto son:
- Conectividad digital – Conectar a todas las personas a internet (incluidas las escuelas);
- Evitar la fragmentación de Internet;
- Protección de datos personales – brindar a las personas opciones sobre cómo sus datos son utilizados;
- Aplicación de los derechos humanos en línea;
- Introducción de criterios de rendición de cuentas para la discriminación y contenido engañoso;
- Promoción de la regulación de la inteligencia artificial; y
- Bienes comunes digitales como un bien público global.
Desde AlSur, se formuló una contribución que abarca en su mayoría los temas de la Agenda Común del Pacto. Posterior a reuniones y acuerdos colectivos basados en la experiencia de las organizaciones que conforman AlSur se formuló la contribución. El aporte resume seis años de trayectoria y trabajo conjunto, reflexión sobre los desafíos, realidades, lecciones aprendidas y propuestas sistematizadas en más de 20 publicaciones colectivas disponibles en inglés, portugués y español.
Se resume de forma breve el aporte:
- Aplicar los derechos humanos en línea
En un momento de crecimiento acelerado de la conectividad a internet y de un uso cada vez más intensivo de las tecnologías digitales, el cumplimiento y la protección de los derechos humanos en los entornos digitales es uno de los mayores retos para las agendas nacionales, regionales y globales. La contribución se centra en dos temas en particular, la libertad de expresión y la privacidad, ambos habilitadores para el ejercicio de otros derechos.
A. Libertad de expresión
Algunas recomendaciones son:
- Establecer medidas concretas y mecanismos de supervisión para erradicar todas las formas de violencia.
- Las limitaciones a la libertad de expresión en línea deben seguir las mismas normas que las limitaciones fuera de línea (offline) y, por tanto, estar establecidas por ley y cumplir las condiciones necesarias para su aplicación.
- Los proveedores de plataformas en línea deben incluir mecanismos para tener en cuenta la diversidad cultural y contextual en sus políticas y prácticas de moderación de contenidos.
B. Vigilancia
- Supervisar el cumplimiento por parte de los Estados de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
- Orientar y supervisar la adopción de marcos normativos basados en los derechos humanos para limitar el uso por parte del Estado de las tecnologías de vigilancia con fines pacíficos.
- Apoyar el fortalecimiento de las instituciones y mecanismos judiciales y de supervisión.
- Conectar a toda la personas y escuelas
El reto de la conectividad en América Latina sigue siendo una realidad innegable. El vínculo entre pobreza y desigualdad tiene su cuota en este problema, pero existen otras disparidades que debemos reconocer: entre ellas, que la brecha digital también afecta en mayor medida a poblaciones femeninas y a grupos geográfica o socialmente aislados. Para hacer frente a estos retos y garantizar el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, los Estados deben combinar diferentes iniciativas reguladoras que garanticen los principios de disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad.
Algunas recomendaciones son:
- El GDC debe reconocer que proporcionar conectividad para todos forma parte de las obligaciones de los Estados.
- Las políticas para fomentar la conectividad para todos deben combinar soluciones basadas en el mercado con soluciones orientadas a la comunidad.
- Los Fondos de Servicio Universal deben activarse para lograr el acceso a Internet para todos, incluidas las escuelas, dando prioridad a las zonas remotas o marginadas.
- Protección de datos
Los marcos de regulación y protección de datos aplicados por los Estados se quedaron atrás del ritmo acelerado de adopción y desarrollo de las tecnologías digitales. Además, la regulación constantemente entra en tensión con la implementación de tecnologías de vigilancia, la misma que se produce en una relación de poder desigual entre los propietarios de los datos respecto a los Estados y las empresas. Al mismo tiempo, el debate sobre instrumentos internacionales de lucha contra la ciberdelincuencia también es actualmente motivo para retrocesos en la protección de datos, sin una clara reflexión sobre los problemas que los flujos transfronterizos de datos sin debidos resguardos pueden implicar a futuro.
Algunas recomendaciones son:
- Debe fomentarse la adopción de una legislación sólida sobre protección de datos personales y acceso a la información, así como normas para equilibrar los derechos fundamentales a la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información.
- Es necesario replantearse la idea de «consentimiento informado», combinándola con otros principios de protección de datos, ante la aparición de las nuevas tecnologías.
- Los responsables públicos y privados del tratamiento de datos deben cumplir obligaciones de lealtad, diligencia y confidencialidad.
- Promover una regulación de la Inteligencia Artificial
Las características de la Inteligencia Artificial (IA) como su alta complejidad, el comportamiento autónomo, la necesidad de grandes cantidades de datos para operar y la opacidad pueden afectar negativamente varios derechos fundamentales. En América Latina, existe una tendencia alarmante de aumento en el uso de sistemas de IA sin debidos resguardos y en áreas sensibles de las políticas públicas como la prestación de servicios del Estado. Aunque el análisis muestra que las leyes sobre privacidad de datos suelen ser la principal fuente de control para evitar abusos, en la mayoría de los países aún no están lo suficientemente maduras como para aplicarse a estas nuevas tecnologías y, en ocasiones, se quedan cortas a la hora de ofrecer protecciones específicas.
Algunas recomendaciones son:
- Reforzar la obligación de todas las partes interesadas de respetar los derechos humanos en el desarrollo y despliegue de sistemas de IA, subrayando expresamente que la promoción de la y la diversidad debe abordarse a lo largo de todo el ciclo de vida de los sistemas de IA.
- Fomentar la participación efectiva de múltiples partes interesadas y multidisciplinar en la toma de decisiones, así como la producción de evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos, mediante recomendaciones específicas, así como consideraciones relativas a la necesidad de acciones afirmativas para garantizar la inclusión de grupos históricamente marginados.
- Fomentar y orientar el establecimiento de mecanismos de seguimiento y control
Para acceder al documento completo de la contribución ingresa aquí.
